El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia emitió una resolución que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantener en sus funciones a la magistrada Fanny Coaquira, mientras se resuelve su situación legal. Esta decisión se produce en el marco de un proceso judicial, generó un intenso debate en el ámbito institucional y mediático del país.

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La resolución del TCP, emitida tras un análisis detallado del caso, argumenta que la suspensión de Coaquira podría generar un vacío institucional y afectar el normal funcionamiento del TSE, un organismo fundamental para la organización de los procesos electorales en Bolivia. La magistrada, quien se desempeñaba en su cargo, enfrentaba un proceso legal que cuestionaba su permanencia en el puesto.

El TCP fundamentó su decisión en la necesidad de preservar la estabilidad institucional y garantizar el adecuado funcionamiento del TSE. «La suspensión de la magistrada Coaquira podría acarrear un vacío institucional que afectaría gravemente las funciones del TSE«, señaló el fallo.

Por su parte, Fanny Coaquira manifestó su intención de continuar en el ejercicio de sus funciones mientras se resuelve su situación legal. «Voy a seguir trabajando con la misma dedicación y profesionalismo que he demostrado hasta ahora«, declaró la magistrada en un comunicado público.

Este caso generó un intenso debate en la sociedad boliviana, especialmente en sectores que siguen de cerca la evolución del sistema judicial y electoral. Expertos en derecho constitucional destacaron la importancia de preservar la independencia y el funcionamiento adecuado de los órganos electorales.

El TSE, por su parte, aseguró que acatará la resolución del TCP y continuará con sus funciones habituales. La institución reiteró su compromiso con la organización de elecciones libres y transparentes, tal como lo establece la Constitución Política del Estado.

La acción en contra de Fanny Coaquira argumenta que firmó una declaración jurada donde aseguraba que ejerció docencia en una universidad, la cual negó su vínculo como profesora en esa institución de educación superior. 

El caso de Fanny Coaquira se enmarca en un contexto más amplio de debates sobre la independencia del poder judicial y su relación con los órganos electorales en Bolivia. Este tipo de situaciones ponen en evidencia la complejidad del sistema legal y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas.

El juez de garantías de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien había ordenado el retiro de la credencial de Coaquira, afirmó que “el Tribunal Supremo Electoral deberá mantener vigente la credencial de Fanny Coaquira, quien deberá seguir ejerciendo funciones como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia”.

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